La Justicia Electoral Nacional de Argentina llevará a cabo por tercera vez un plan piloto de votación voluntaria por registro biométrico en mesas de 12 provincias durante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo 13 de agosto, así como en las elecciones generales del 22 de octubre. Con el objetivo de incorporar tecnología y agilizar el proceso electoral, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ha decidido retomar las pruebas piloto de registro biométrico, que habían sido iniciadas en 2017 en provincias de la frontera norte.

Según fuentes de la CNE, la votación por huella dactilar es completamente voluntaria, lo que significa que a cada elector se le preguntará si está dispuesto a votar mediante este procedimiento. Este formato tiene el beneficio de acelerar el proceso de sufragio y ha recibido una excelente respuesta tanto por parte de los electores como de las agrupaciones políticas en las últimas elecciones.

El objetivo principal de la Cámara Nacional Electoral es aplicar nuevos controles que fortalezcan y agilicen los procedimientos registrales durante los comicios. Los distritos seleccionados para esta tercera prueba piloto son Salta, Misiones, Mendoza, Jujuy, Formosa, Corrientes, Chaco, La Rioja, Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Santa Fe.

En la primera prueba, realizada en 2017, se implementó el sistema de votación por huella dactilar en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones y Salta, y posteriormente se incorporaron mesas del distrito de Buenos Aires. En la segunda prueba, se eligieron los mismos distritos y se agregó a Mendoza, aunque en 2021 se suspendió debido a los estrictos protocolos por la pandemia de coronavirus.

Un vocero de la justicia electoral afirmó que, tras las dos pruebas piloto anteriores, se consideró oportuno continuar con el proyecto de utilizar herramientas informáticas de identificación biométrica durante las elecciones nacionales.

En cuanto a la seguridad del sistema, la fuente de la Cámara Nacional Electoral aseguró que los datos están encriptados, y se dejó en manos del área de Seguridad del Consejo de la Magistratura el chequeo de la certidumbre sobre ese sistema, garantizando así la confidencialidad y confiabilidad del proceso electoral.