La Corte Suprema de Justicia ordenó que el Estado Nacional y el de la provincia de Buenos Aires indemnicen a las víctimas de la “Masacre de Carmen de Patagones”, ocurrida el 28 de septiembre de 2004, cuando Rafael “Juniors” Solich, de 15 años, llegó a su aula del colegio “Islas Malvinas” y vació un cargador apuntando a sus compañeros: mató a tres de ellos y dejó otros cinco heridos.
Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por “inadmisibles” los recursos presentados por el Estado Nacional en nombre del Ministerio de Seguridad por Prefectura Naval; y por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, en representación de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, en la causa por daños y perjuicios que impulsó la madre de Sandra Núñez, una de las víctimas fatales del tiroteo.
La Corte ya se había pronunciado el año pasado de la misma manera en la demanda que impulsaron los familiares de Federico Ponce, otro de los chicos fallecidos aquel día. La familia de la tercera víctima fatal, Evangelina Miranda, también entabló una demanda contra el Estado, que recién tuvo fallo en primera instancia en octubre de 2024. Mientras que en mayo de este año, la Justicia Federal de Bahía Blanca ordenó indemnizar por daño psicológico a una compañera de curso de Juniors que estuvo en el aula el día de la masacre.
Luego de izar la bandera
Los chicos cursaban el primero B del Polimodal en la Escuela de Enseñanza Media Número 202 de Carmen de Patagones. En la mañana del 28 de septiembre de 2004, luego del izamiento de la bandera, Juniors se paró frente a la clase, desenfundó un arma y empezó a disparar indiscriminadamente contra sus compañeros. “Cuando tiré, no era yo”, le dijo a la jueza de menores que llevó la causa, en donde fue declarado inimputable.
Juniors mató a tres compañeros: Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce. Además hirió a Rodrigo Torres, Nicolás Leonardi, Pablo Saldías, Natalia Salomón y Cintia Casaso.
Los familiares de las víctimas fatales demandaron, por un lado, a la escuela y, por otro, a la Prefectura: el tirador era hijo de un prefecto y su arma fue usada para llevar adelante la balacera.
Responsabilidades
Según los argumentos de la Justicia Federal de Bahía Blanca, el artículo 1117 del Código Civil entonces vigente establecía que los propietarios de los establecimientos educativos privados o estatales serían responsables por los daños causados o sufridos por los alumnos menores cuando se hallaran bajo el control de la autoridad educativa.
En ese sentido, se sostuvo que no se había demostrado que las autoridades hubieran dado una respuesta diligente a los problemas de conducta que mostraba Solich. Incluso en el sumario administrativo que se hizo sobre los docentes se demostró que diversos miembros del establecimiento habían advertido que la conducta de “Juniors” era alarmante y que los alumnos podían estar en peligro, pero no se tomaron medidas.
En “Juniors”, una investigación sobre el caso de Pablo Morosi y Miguel Braillard, se reproduce la charla que tuvo la jueza de Patagones, Alicia Ramallo, con el chico después del hecho. Cuando le preguntó por qué había hecho eso, el adolescente admitió que “estaba enojado” con sus compañeros y con su familia: “Me molestan, siempre me molestaron, desde el jardín. Desde que estaba en séptimo grado que pensaba hacer algo así. Me cargan, dicen que soy raro”.
Fuente: Agencia DIB
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