La Libertad Avanza en Ayacucho expresó públicamente su respaldo al veto del presidente Javier Milei a las leyes de “emergencia en discapacidad y previsional” aprobadas recientemente por sectores de la oposición en la Cámara de Diputados. El pronunciamiento se difundió a través de un posteo en redes sociales, donde el espacio legislativo local calificó estas iniciativas como “electoralistas, fiscalmente insostenibles y sin soluciones reales”.

En el comunicado sostuvieron que, según el Consejo Consultivo Académico de EFDA, las normas habrían representado un incremento del gasto público equivalente al 1,5% del PBI, en un momento en que el país atraviesa un proceso de ordenamiento fiscal. Además, señalaron que carecían de criterios claros para definir beneficiarios y no proponían medidas concretas que garantizaran la inclusión, lo que abría la posibilidad de interpretaciones arbitrarias y uso político del tema.

En el comunicado, el espacio recordó que los sectores que hoy promueven la “emergencia” son los mismos que, en gestiones anteriores, otorgaron pensiones por discapacidad sin criterios médicos ni socioeconómicos sólidos, congelaron aranceles a prestadores y provocaron el colapso del sistema. Como ejemplo, citaron que en 2023, con una inflación del 211,4%, los aranceles solo subieron un 93%.

Asimismo, destacaron que el gobierno nacional ha impulsado acciones concretas como el fortalecimiento del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS), el financiamiento de emprendimientos inclusivos, la capacitación laboral y educativa en el sector público y privado, y la asistencia técnica a provincias para garantizar inclusión real en el sistema educativo.

También remarcaron la mejora del 99% en los valores prestacionales durante 2024, frente a una inflación heredada del 117,8%, como muestra de un cambio de lógica respecto de gestiones anteriores.

“La Libertad Avanza en Ayacucho” concluyó su mensaje afirmando que no permitirá que los sectores más vulnerables sean usados como herramienta electoral, y que “la libertad no se negocia: se defiende con responsabilidad y hechos concretos”.

Que indica el proyecto vetado

El proyecto de ley prevé un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, excluyendo regímenes especiales, y eleva el bono de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación. De haberse aplicado en julio, la jubilación mínima habría sido de $441.600, un 16,4% más que lo percibido. Además, extiende por dos años la moratoria previsional vencida en marzo, permitiendo a quienes no cuentan con 30 años de aportes acceder a un haber jubilatorio. También declara la emergencia en discapacidad hasta 2027, con medidas para actualizar aranceles, regularizar pagos y reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad, aunque esta última y ONG del sector cuestionan la propuesta por considerarla regresiva.