Tras un acuerdo con la empresa y el sindicato, el Gobierno decidió hoy no abrir el procedimiento preventivo de crisis (PPC) que pidió Coca Cola-Femsa la semana pasada para su planta en Pompeya, que produce y distribuye gaseosas.
Así lo confirmaron fuentes oficiales a La Nación, que agregaron que se llegó a un acuerdo que prevé 32 despidos (la empresa buscaba que fueran 75) y que se pague el 100% de la indemnización. De esa manera, el PPC no será abierto, dijeron en Producción y Trabajo. Se trata de un pequeño logro político para el Gobierno, que se evita de esa manera rotular con el término “crisis” a las dificultades de un sector productivo.
Al momento del pedido del PPC, la empresa justificó en un comunicado que “Coca Cola-Femsa Argentina está atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo”.
El PPC es un proceso administrativo que debe presentarse en el Ministerio de Producción y Trabajo, y debe ser aceptado por esa cartera. Por lo tanto, requiere de la empresa que quiere hacer un ajuste la presentación de balances y otras documentaciones que acrediten la crisis económica o tecnológica de toda la compañía o de alguna de sus unidades de negocios.
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