Con la apertura de sesiones ordinarias en el horizonte inmediato, Javier Milei decidió pisar el acelerador y dejó una orden clara a su tropa: la reforma laboral debe convertirse en ley antes del 1° de marzo. Sin descartar concesiones ni maniobras parlamentarias, el Presidente instruyó al oficialismo para acelerar el trámite legislativo y profundizar las negociaciones necesarias para llegar a tiempo con la sanción.
En la previa del debate en el Senado, en La Libertad Avanza miran el escenario con moderado optimismo. La convocatoria a sesión cuenta con la firma de 44 legisladores y el oficialismo confía en superar sin sobresaltos los 37 votos necesarios para alcanzar quórum y mayoría absoluta. De todos modos, puertas adentro reconocen que el resultado en la Cámara alta será clave para definir el destino del proyecto en Diputados, donde los números aparecen más ajustados y los tiempos juegan en contra.
Con ese panorama, en los últimos días Milei hizo saber a sus principales interlocutores políticos que está dispuesto a acelerar el tratamiento en la Cámara baja, incluso aceptando cambios reclamados por sectores de la oposición. En ese sentido, Patricia Bullrich anticipó que el texto definitivo podría estar listo recién a mitad de semana, una señal de que las conversaciones siguen abiertas y que el proyecto aún está en plena negociación.
El calendario no ayuda. Los feriados de carnaval recortan los plazos legislativos y obligan al oficialismo a jugar fuerte si quiere cumplir el objetivo. Aun así, cerca del Presidente creen que un respaldo amplio en el Senado podría facilitar un trámite más rápido de lo previsto en Diputados, siempre y cuando la primera votación arroje un resultado contundente.
En ese contexto aparece uno de los puntos más sensibles del debate: el capítulo de Ganancias. Según trascendió, Milei estaría dispuesto a resignar ese apartado si los gobernadores garantizan la aprobación de la ley durante el período de sesiones extraordinarias. En el Gobierno, enfocado en sostener el déficit cero, consideran que ceder en ese punto no tendría un impacto fiscal determinante. De hecho, la recaudación de enero registró una caída real interanual y marcó el sexto mes consecutivo de retracción, un dato que relativiza el peso de ese capítulo incorporado luego al texto original.
El apuro oficial no responde solo a la agenda del Congreso. En la Casa Rosada asumen que la reforma laboral será judicializada casi de inmediato y que la discusión por su constitucionalidad se trasladará rápidamente a los tribunales. Por eso, entienden que aprobarla cuanto antes es el primer paso para una batalla que no se librará únicamente en el recinto, sino también en la Justicia.
Con información de Clarín.
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