El presidente Javier Milei vetó la ley que declaraba la emergencia en los distritos bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo pasado. La norma, que había sido aprobada con amplio consenso en ambas cámaras del Congreso, preveía un fondo especial de 200 mil millones de pesos para obras de infraestructura, subsidios a damnificados y líneas de crédito a tasas subsidiadas para la reconstrucción de viviendas.
El jefe de Estado justificó el veto con base en “restricciones presupuestarias” y en el hecho de que, según argumentó, ya se creó un fondo de asistencia directa por decreto por el mismo monto, con subsidios que ya alcanzaron a más de 32 mil personas. A su vez, el Gobierno señaló que existen casi 4 mil solicitudes en proceso de evaluación y cuestionó que la ley vetada no especifica la fuente de financiamiento, tal como exige el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera.
Sin embargo, el veto generó críticas desde sectores políticos y sociales debido a una aparente contradicción: en el mismo Boletín Oficial donde se publicó la negativa presidencial, se dispuso la reasignación de más de 2 billones de pesos para el pago de deuda pública, es decir, diez veces más que el monto destinado originalmente a Bahía Blanca.
La ley de emergencia había sido votada por unanimidad en el Senado y con 153 votos afirmativos en Diputados, salvo por la oposición del bloque oficialista La Libertad Avanza. Desde la oposición y sectores locales afectados se cuestionó que la decisión del Ejecutivo desatiende la urgencia social de miles de familias afectadas y prioriza el ajuste fiscal por sobre la reconstrucción de zonas devastadas.
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