El presidente Javier Milei firmó este sábado el veto a las leyes aprobadas por el Congreso que contemplaban un aumento en las jubilaciones y pensiones, así como la declaración de la emergencia nacional en discapacidad. La decisión, que será oficializada mediante la publicación de los decretos correspondientes en el Boletín Oficial el próximo lunes, refuerza la postura del Ejecutivo de sostener a toda costa el equilibrio fiscal.

El proyecto aprobado por ambas cámaras incluía una suba del 7,2% para todos los haberes y pensiones —exceptuando regímenes especiales— y elevaba el bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación. Además, restituía por dos años la moratoria previsional para personas sin los 30 años de aportes requeridos, permitiéndoles regularizar sus aportes para acceder a la jubilación mínima.

El veto responde a las advertencias recientes del Fondo Monetario Internacional, que manifestó su preocupación por el impacto que estas medidas tendrían sobre las finanzas públicas y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país. Desde el oficialismo argumentan que las iniciativas aprobadas en el Congreso atentan contra el objetivo central de la administración Milei: el superávit fiscal como política de Estado.

Semanas atrás, Milei había anticipado su decisión de vetar cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas. “Vamos a vetar. Aún si se dieran circunstancias desfavorables, lo judicializaremos. El daño sería mínimo y reversible”, aseguró entonces el mandatario en un acto en la Bolsa de Comercio.

El veto genera reacciones encontradas en distintos sectores. Desde la oposición se cuestiona el impacto directo en los sectores más vulnerables, como jubilados con haberes mínimos y personas con discapacidad. Mientras tanto, desde la Casa Rosada insisten en que no habrá marcha atrás y que cualquier intento de revertir la medida será frenado en la Justicia.

En este contexto, se esperan manifestaciones de organizaciones de jubilados y entidades que trabajan por los derechos de personas con discapacidad. Además, se prevé que los bloques opositores evalúen alternativas para insistir con las normas vetadas o plantear nuevas iniciativas que contemplen mejoras en los ingresos de estos sectores.