El Concejo Deliberante de Ayacucho podría avanzar en un pedido formal de información ante la Provincia por la disminución de servicios de transporte de media y larga distancia que afectan a la ciudad. La iniciativa fue impulsada por el bloque Acuerdo Cívico y pone el foco en la situación de la empresa VIA TAC y la conectividad con otros destinos.
Según el documento presentado, los cambios en frecuencias y horarios generan dificultades para personas que necesitan trasladarse por estudios, consultas médicas o gestiones personales. Además, remarcan que la falta de servicios hacia Mar del Plata durante fines de semana deja a Ayacucho sin conexión con uno de los principales centros turísticos y urbanos de la región.
Preocupación por estudiantes, pacientes y adultos mayores
El proyecto sostiene que la reducción de servicios impacta con mayor fuerza en sectores considerados vulnerables, entre ellos adultos mayores, personas bajo tratamiento médico y estudiantes terciarios o universitarios que dependen del transporte público.
También señala que, ante la escasez de opciones, muchos usuarios debieron modificar sus formas habituales de traslado o buscar alternativas privadas para movilizarse.
Pedido de informes a la Provincia
La propuesta solicita respuestas a la Dirección Provincial de Transporte de Pasajeros sobre varios puntos vinculados con la situación:
- Cuándo se informó oficialmente la modificación de recorridos de VIA TAC en Ayacucho.
- Cuáles son las frecuencias establecidas originalmente en los pliegos de licitación.
- Si los cambios fueron autorizados por el organismo competente.
- Qué sanciones corresponderían en caso de modificaciones no aprobadas.
- Qué empresa sería responsable de cumplir con los recorridos si VIA TAC no opera las líneas concesionadas.
Qué dice la normativa vigente
El texto menciona artículos del Decreto-Ley Provincial N.º 16.378/57, que define al transporte colectivo de pasajeros como un servicio público provincial y establece obligaciones sobre continuidad, recorridos y frecuencias.
Además, recuerda que las modificaciones en los servicios requieren autorización oficial y que incumplimientos vinculados al contrato de explotación podrían derivar en sanciones, incluso con consecuencias sobre la concesión.
El proyecto también prevé enviar copias al Ejecutivo municipal, organismos provinciales y ambas cámaras legislativas bonaerenses.
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