En el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) recuperaron en la Ciudad de Buenos Aires más de 200 documentos históricos vinculados a destacadas figuras e instituciones de la historia argentina.
Entre el material recuperado se destacan cartas y documentos del General José de San Martín, de Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre otros próceres nacionales. Por sus características, tipografía, sellos y datación, las piezas evidenciaban encontrarse presuntamente alcanzadas por las disposiciones de la Ley N.º 15.930, que regula la protección documental bajo la órbita del Archivo General de la Nación.
Monitoreo de compra y venta online
La investigación se inició a partir de las tareas de prevención que habitualmente desarrolla el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA, mediante el monitoreo y la verificación de sitios de subastas y plataformas de compra y venta online.
Como resultado de esas tareas, los investigadores detectaron que, a través de un sitio web de acceso público, se ofrecía a la venta un lote compuesto por más de 200 documentos históricos, entre ellos recortes periodísticos, libros, fotografías y diversa documentación vinculada a instituciones y organismos del Estado Nacional y Provincial argentino.
Las piezas eran ofrecidas por un valor inicial de 100 mil dólares en una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allanamiento y material incautado
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo de Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría N.º 7 a cargo de Diego Fernando Arce, ordenó una presentación con allanamiento en subsidio en el lugar señalado y el posterior traslado de la documentación a una dependencia policial en calidad de depósito judicial, quedando a exclusiva disposición de la judicatura actuante para la realización de las pericias correspondientes. Todo el material incautado quedó a disposición del magistrado interventor.
Fuente: Agencia DIB
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