La madrugada del miércoles 30 de diciembre de 2020, día en que el Senado aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención) marcó un antes y un después en la historia Argentina. Como sucedió con la Ley de Divorcio (1987) o la Ley de Matrimonio Igualitario (2010), la sanción de la normativa generó indignación entre los sectores vinculados a la Iglesia y, en este caso, entre las llamadas agrupaciones “pro vida”.
El municipio gobernado por Campero decretó la medida por cuatro días. “Es en señal de duelo por los bebés que no van a nacer”, remarcó Javier Jantus, secretario de Relaciones Institucionales del municipio.
A través de su cuenta de Twitter, Jantus indicó que “las reacciones en contra de esta trasnochada y aberrante ley van surgiendo en todo el país” y señaló que “el gobierno de Alberto Fernández y los diputados y senadores que apoyaron la ley van a contramano de la sociedad”.
Además de Secretario de Relaciones Institucionales de Yerba Buena, Jantus es abogado y padre de familia. Una de sus hijas, cuenta a este medio, tiene Síndrome de Down. “Desde el Gobierno hablaron de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para ocultar lo que verdaderamente abala esta normativa que es la supresión de la vida de un bebé. Dicen que la ley habilita a abortar cuando hay ‘peligro de la salud integral’ pero, en realidad, lo único que buscan es eliminar a las personas que tienen alguna discapacidad. Prever el aborto es la eugenesia más vil y más cruel que hay. En Islandia pasó lo mismo y no hay habitantes con Síndrome de Down. Los matan antes de que nazcan”, apunta Jantus.
Para crear este artículo, usamos herramientas de inteligencia artificial como asistente en la investigación y redacción. Todo el contenido ha sido meticulosamente revisado, editado y aprobado.
