Una resolución del organismo nacional que regula al sector generó rechazo entre entidades cooperativas, que advierten sobre el impacto de la medida en el empleo. Desde Mar del Plata cuestionaron la decisión y reclamaron alternativas para regularizar la situación administrativa sin poner en riesgo las fuentes laborales.
Por qué suspendieron a miles de cooperativas
El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dispuso la suspensión de la autorización para funcionar de cooperativas y mutuales que presentan incumplimientos en la entrega de documentación institucional y estados contables.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 2076/2026, publicada en el Boletín Oficial el 22 de octubre. Según la normativa, también se fijaron plazos para que determinadas entidades regularicen su situación administrativa.
La decisión alcanzó a miles de organizaciones de la economía social y provocó cuestionamientos de representantes del sector, que advierten sobre las consecuencias que podría tener para las cooperativas que desarrollan actividades productivas y generan empleo.
El rechazo de las cooperativas de Mar del Plata
La Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias (Fecooaport) expresó su rechazo a la medida y señaló que más de 4.000 cooperativas fueron alcanzadas por las suspensiones a nivel nacional.
Según manifestaron desde la entidad, el 37% de las cooperativas marplatenses se vería afectado por la decisión.
En un comunicado, sostuvieron que las cooperativas de trabajo no son solamente entidades administrativas, sino organizaciones integradas por trabajadores que producen, generan ingresos y buscan sostener sus puestos laborales.
También destacaron la importancia del modelo cooperativo para las actividades portuarias, navales y pesqueras, donde estas organizaciones cumplen un papel en el sostenimiento de la producción y las economías regionales.
Reclaman que se revise la medida
Desde Fecooaport advirtieron que, aunque la resolución apunta a ordenar y regularizar el sector, su aplicación puede convertirse en un obstáculo para entidades que mantienen fuentes de trabajo.
Por ese motivo, reclamaron que se contemple la situación particular de cada organización y que se habiliten mecanismos de adecuación administrativa que permitan cumplir con las exigencias sin poner en peligro la continuidad de las cooperativas.
El planteo también fue respaldado por el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, quien pidió revisar la medida nacional.
El funcionario sostuvo que, en el contexto económico actual, es necesario acompañar a los trabajadores y preservar las fuentes de empleo, en lugar de sumar dificultades para el funcionamiento de las organizaciones.
Qué establece la resolución del INAES
La Resolución 2076/2026 forma parte de un proceso de reordenamiento del registro de cooperativas y mutuales. Entre otras disposiciones, contempla la suspensión de entidades que no presentaron documentación asamblearia y estados contables dentro de los períodos establecidos.
La normativa también prevé plazos de regularización para determinados grupos de organizaciones, con la posibilidad de que sean suspendidas si no cumplen con los requisitos correspondientes.
El conflicto abrió un debate entre las autoridades nacionales y representantes del cooperativismo sobre cómo garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales sin afectar la actividad productiva ni los puestos de trabajo vinculados a estas entidades.
Fuente : 0223
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