El Acuerdo Cívico pidió declarar la emergencia del transporte escolar rural en Ayacucho

El Acuerdo Cívico pidió declarar la emergencia del transporte escolar rural en Ayacucho

El bloque de concejales del Acuerdo Cívico presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que declare la emergencia de los recorridos de transporte escolar rural que actualmente no cuentan con prestación en el partido de Ayacucho.

La iniciativa fue presentada durante la 12ª Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante y recibió tratamiento sobre tablas, siendo aprobada por unanimidad.

El proyecto surge ante las dificultades que atraviesan alumnos y alumnas de establecimientos educativos rurales debido a la falta de cobertura de determinados recorridos. En los fundamentos, el bloque remarca que el transporte escolar es una herramienta fundamental para garantizar el acceso efectivo a la educación de niños, niñas y adolescentes que viven en zonas rurales y que, por las distancias, dependen del servicio para asistir diariamente a clases.

Reclaman una respuesta urgente de la Provincia

Desde el Acuerdo Cívico sostienen que la problemática no es nueva ni excepcional, sino que se repite año tras año sin que hasta el momento se haya encontrado una solución definitiva.

El escrito señala que desde el Consejo Escolar se realizaron procesos licitatorios para cubrir los recorridos, pero en determinados casos no se presentaron prestadores dispuestos a asumir el servicio bajo las condiciones económicas ofrecidas.

Entre los factores mencionados aparecen las extensas distancias, el estado y mantenimiento de los caminos rurales, el costo del combustible y el incremento general de los gastos de la actividad. Sin embargo, el proyecto advierte que las dificultades entre el Estado provincial y los transportistas no pueden terminar provocando que cientos de alumnos queden sin posibilidades de concurrir regularmente a la escuela.

También se plantea que las actividades a distancia utilizadas para garantizar la continuidad pedagógica tienen limitaciones, especialmente en las zonas rurales donde la conectividad a internet no siempre está disponible o resulta adecuada. Para el bloque, esta modalidad no puede convertirse en un reemplazo permanente de la presencialidad.

El proyecto apunta directamente al Gobierno bonaerense

Uno de los puntos centrales del escrito es que el Estado provincial es el responsable de garantizar el servicio de transporte escolar rural y los recursos necesarios para su prestación, dentro de sus competencias educativas.

Por ese motivo, los concejales consideran necesario que la Provincia adopte medidas extraordinarias para resolver la situación de manera urgente, teniendo en cuenta además las características territoriales de Ayacucho, su extensión y las grandes distancias que deben recorrer los estudiantes.

El proyecto establece dos pedidos concretos:

Solicitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que declare la emergencia de los recorridos de transporte escolar rural que actualmente no cuentan con prestador.
Pedir que, con carácter urgente, arbitre los medios económicos y administrativos necesarios para garantizar la cobertura del servicio para los alumnos afectados.
“No se trata de buscar culpables”

Durante el debate, desde el bloque impulsor remarcaron que el objetivo no es determinar responsabilidades políticas sino buscar una salida concreta al problema.

Uno de los concejales sostuvo que la educación es responsabilidad de la Provincia y explicó que declarar la emergencia permitiría disponer de herramientas administrativas, estratégicas o económicas para lograr que los estudiantes que actualmente no pueden concurrir presencialmente puedan volver a hacerlo.

También se planteó que existen distintos actores involucrados en el proceso: las escuelas elaboran las nóminas de alumnos, el Consejo Escolar establece los recorridos, la Provincia los aprueba y posteriormente se realizan las licitaciones para la prestación del servicio.

“Estamos en emergencia”

Durante la discusión, la Concejal Mirian Ferrari defendió el uso de la palabra “emergencia” y señalaron que la declaración no sería una solución definitiva, sino un punto de partida para modificar las condiciones administrativas y económicas que hoy dificultan la prestación.

“Esto no es la solución, seguramente no sea la solución al problema, creo que es un inicio”, sostuvo uno de los concejales, quien remarcó que las licitaciones se realizaron en mayo y que desde entonces se intentó encontrar una solución sin resultados suficientes.

La propuesta finalmente avanzó con el acompañamiento de los distintos bloques en el tratamiento sobre tablas, en medio de un debate donde quedó expuesta la preocupación por las familias rurales que continúan teniendo dificultades para garantizar el traslado de sus hijos a las escuelas.