El Gobierno oficializó la disolución y reestructuración de 21 organismos públicos para reducir el gasto estatal

En una decisión orientada a achicar el tamaño del Estado y contener el déficit fiscal, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos. La medida, anunciada este martes 8 de julio a través del Boletín Oficial N° 35.702, forma parte del plan de reorganización administrativa impulsado por el Ejecutivo.

Las modificaciones alcanzan a entidades vinculadas con áreas clave como salud, transporte, agroindustria, seguridad vial e infraestructura. Según se informó, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a diferentes ministerios, mientras que el personal será absorbido por las nuevas estructuras hasta que se definan sus funciones.

Entre los organismos eliminados se destacan la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el FONDEP, la Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar (INAFCI), entre otros.

El decreto menciona que muchas de estas estructuras presentaban superposición de funciones, falta de eficiencia y escasa producción de resultados concretos, lo que motivó su cierre.

Por otro lado, varias instituciones fueron transformadas en unidades dependientes de ministerios. Es el caso del Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se convertirá en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. A su vez, la Junta de Seguridad en el Transporte mutará en un nuevo ente dedicado exclusivamente a investigar incidentes aeronáuticos.

Desde el Gobierno indicaron que esta reorganización busca mejorar la eficiencia de la administración pública, reducir la burocracia y racionalizar los recursos estatales, sin generar despidos masivos en el corto plazo. El proceso continuará en las próximas semanas con nuevas definiciones sobre estructuras, funciones y personal.