Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Esta jornada fue proclamada en 1987 por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericana y del Caribe (RSMLAC) y la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (WGNRR), con el objetivo de crear conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y abogar por la mejora de su salud integral.
Desde su creación, se han organizado diversas actividades como campañas de concienciación, manifestaciones, seminarios y talleres para abordar problemáticas específicas de la salud de las mujeres, como el acceso a servicios de salud de calidad y la lucha contra la violencia de género.
En este marco, la organización Amnistía Internacional (AI) sede Argentina publicó un informe en el que analiza cómo algunas medidas económicas implementadas en los últimos años han ido en detrimento de la garantía de los derechos de salud de las mujeres, niñas y adolescentes, principalmente en lo que atañe a la Educación Sexual Integral (ESI) y al acceso legal al aborto, tal como lo establecen la ley 27.610 en sus dos modalidades, Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El trabajo de AI titulado El costo de la retirada: Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Barreas, endeudamiento y desigualdad en el acceso al aborto en Argentina 2026 la organización asegura que mujeres y personas gestantes fueron informadas en los centros de salud que deben adquirir la medicación por sus propios medios, con costos que pueden alcanzar los $300.000, siendo que debe ser suministrada, de acuerdo a la ley, por el Estado.
En tal sentido, AI Argentina insta al Estado argentino a “restituir su rol rector en la política sanitaria, garantizar la provisión de insumos esenciales en todo el país y asegurar condiciones de acceso equitativas, con información clara, atención oportuna y respeto por la autonomía de las personas”.
“La ley 27.610 de diciembre de 2020 amplió las obligaciones del Estado argentino para asegurar que este derecho sea garantizado en condiciones de calidad, gratuidad, trato digno y respeto por la autonomía de mujeres, niñas y adolescentes”, destaca el trabajo, y asegura: “Durante los primeros años de implementación se registraron avances significativos. Se fortalecieron equipos de salud, se ampliaron efectores que garantizan la práctica, se desarrollaron políticas de acompañamiento e información, y se consolidó una política federal de compra y distribución de insumos esenciales para el acceso a la salud sexual y reproductiva, incluidos misoprostol y mifepristona”.
En tanto, desde diciembre de 2023, “estos avances conviven hoy con un escenario de creciente regresividad“, debido a la “retracción sostenida del Estado de su rol en la garantía del derecho a la salud bajo una interpretación restrictiva de sus obligaciones”. Asimismo, el informe subraya: “Este proceso estuvo acompañado por una retórica de rechazo a la denominada ‘ideología de género’ y por medidas concretas de desmantelamiento de políticas públicas estratégicas”.
Consecuencias
El trabajo de AI enumera una serie de consecuencias negativas que han tenido las decisiones del Gobierno nacional en la obligación de dar garantía de cumplimiento de los derechos de las mujeres.
El deterioro en el respeto a los derechos del acceso a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes se manifiesta en la falta de medicación, en demoras evitables en la atención, desinformación, maltratos, prácticas intimidatorias, barreras económicas y profundas desigualdades territoriales. Asimismo, el informe advierte sobre el debilitamiento de mecanismos de participación social, transparencia y rendición de cuentas, indispensables para monitorear el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos.
Estas decisiones se expresan en el incremento de barreras para el acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres. “En un contexto marcado por la opacidad del Estado nacional en la producción y difusión de información sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, Amnistía Internacional registró durante 2025 un aumento significativo en la cantidad de consultas y denuncias por obstáculos en el acceso al aborto recibidos a través de su formulario online, superando en más de un 300% los casos recibidos en el año anterior”, precisa el análisis.
Si bien estas cifras no son representativas de la situación a nivel nacional, permiten ofrecer una aproximación a la gravedad de la escalada de las barreras para el acceso al aborto en el país. “Entre las situaciones relevadas, una de las dimensiones más preocupantes es el debilitamiento de la capacidad de respuesta de los sistemas de salud provinciales, profundizando desigualdades territoriales preexistentes”, señala el trabajo.
El incremento de barreras resulta particularmente alarmante en el caso de niñas y adolescentes, cuyos reportes crecieron de manera significativa. El embarazo no intencional en la adolescencia es una problemática multicausal; sin embargo, el aumento observado no puede leerse de manera aislada, ya que “se da en un contexto marcado por el desmantelamiento del PLAN ENIA y la profundización de barreras en el acceso a métodos anticonceptivos, a la educación sexual integral y al aborto“, lo que impacta de manera directa en el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva de este grupo. “Detrás de las cifras hay historias atravesadas por demoras, derivaciones innecesarias, maltratos, angustia y miedo”, remarca el trabajo.
Fuente: Agencia DIB
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