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Una escuela de Langueyú activo un protocolo ante una fumigación cercana

El pasado miércoles, una escuela del paraje de Langueyú se vio obligada a activar un protocolo de emergencia debido a la presencia de fumigaciones en las cercanías, lo que afectó el desarrollo de las actividades escolares. Según la información recabada, el aplicador de agroquímicos estaba operando a aproximadamente 400 metros del establecimiento educativo.

La directora del establecimiento, preocupada por la situación, se comunicó con su Inspector, quien, a su vez, notificó a Alejandra Benítez, Jefa Distrital. Benítez señaló que, si bien la cuestión de las fumigaciones no es competencia directa de la institución educativa, se decidió proceder con la activación del protocolo como medida preventiva para resguardar la salud de todos los involucrados.

Consultado al respecto, el Municipio de Ayacucho informó que no se había recibido ninguna denuncia formal en relación con el incidente. Por su parte, la policía local no brindó información sobre posibles intervenciones en el lugar.

Normativa municipal sobre fumigaciones

La Ordenanza Municipal Nº 5528/20 regula el uso responsable de productos fitosanitarios en el Partido de Ayacucho, con el objetivo de evitar la contaminación ambiental y proteger la salud pública y los recursos naturales. Esta normativa establece zonas de exclusión y amortiguamiento donde la aplicación de agroquímicos está restringida, especialmente en áreas cercanas a escuelas y zonas urbanas.

Según el artículo 18 de la ordenanza, se prohíbe la aplicación terrestre de productos agroquímicos dentro de un radio de 100 metros desde el límite del lote de una escuela rural. Además, a partir de dicho límite, se establece una “zona de amortiguamiento” de 400 metros, en la cual la aplicación debe realizarse bajo estrictas pautas y en horarios que no interfieran con las actividades escolares. La fumigación aérea, por su parte, tiene restricciones aún mayores, prohibiéndose dentro de un radio de 500 metros.

Este marco regulatorio busca minimizar los riesgos asociados al uso de agroquímicos y garantizar un entorno seguro tanto para la comunidad educativa como para el resto de los habitantes de la zona.

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