El intendente de Ayacucho, Emilio Cordonnier, brindó una conferencia de prensa en el Hospital Municipal para presentar una nueva inversión y para aclarar la situación ocurrida el 30 de septiembre con el pago de sueldos a empleados del hospital y del Hogar de Ancianos.
Cordonnier explicó que la demora en la acreditación de los haberes no se debió a un problema administrativo local, sino a un error del sistema del Banco Provincia que impidió la inmediata transferencia a las cuentas personales. El inconveniente fue resuelto durante la misma jornada, y los depósitos quedaron acreditados entre la noche del 30 y la madrugada del 1 de octubre.
El jefe comunal agradeció al personal del hospital y del banco por el trabajo realizado para solucionar el problema de forma urgente, incluso cargando datos de manera manual. Recordó además que, por normativa, los municipios tienen hasta el quinto día hábil del mes para abonar los salarios, aunque en Ayacucho se procura cumplir siempre el último día hábil.
En su exposición, Cordonnier rechazó las versiones que circularon en redes y en un medio de comunicación, donde se afirmaba que el dinero había sido retenido o utilizado en fondos de inversión. “Se dijeron barbaridades que no tienen nada que ver con la realidad. No se robó la plata, no se usó para otra cosa. Hubo un error del sistema y se resolvió en el mismo día”, afirmó.
El intendente remarcó que el municipio atraviesa una situación financiera compleja, con ingresos por coparticipación menores a los previstos en el presupuesto, pero subrayó que hasta el momento se cumplieron todos los compromisos salariales y de servicios.
Este medio le consulto porque no sé informó previamente para combatir los rumores, pero indicó que ya se había informado a los trabajadores “no todo pasa por la prensa y los políticos” agregó.
Finalmente, pidió a los medios “informar con la verdad” y no generar incertidumbre en la comunidad con noticias falsas o malintencionadas, en un contexto político y económico delicado. También adelantó que se evaluarán medidas legales ante acusaciones que afecten la honorabilidad de los funcionarios y del personal de salud.
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