Durante la cuarta sesión ordinaria del año, celebrada este jueves en el Concejo Deliberante de Ayacucho, el bloque de concejales de Fuerza Patria presentó y logró la aprobación de un proyecto de resolución para manifestar la preocupación local ante el recorte del programa Remediar. La iniciativa surge tras la decisión del Gobierno Nacional de discontinuar o reducir drásticamente el suministro de fármacos esenciales que, desde el año 2002, garantiza el acceso a la salud de millones de personas sin cobertura social,.
El impacto de los recortes en la salud pública
Según los fundamentos del proyecto, a partir del 1 de abril se habrían eliminado 76 de los 79 medicamentos que se distribuían de forma gratuita en los centros de salud. Esta medida dejaría sin cobertura tratamientos críticos para patologías como infecciones, enfermedades respiratorias, diabetes e hipertensión.
La concejal Marcela Guisande, autora de la iniciativa, destacó la función social del programa tras reunirse con el secretario de Salud municipal. “Es una situación de desamparo que no nos merecemos. El programa llegaba a los barrios más necesitados a través de los CAPS y permitía que la gente no tuviera que elegir entre comer o comprar remedios”, señaló durante el debate en el recinto.
Falta de vacunas y situación local
El reclamo también alertó sobre el faltante de vacunas del calendario nacional, incluyendo dosis contra la gripe, HPV, varicela y BCG. Desde el bloque promotor se denunció que la provisión por parte del Estado Nacional es insuficiente, lo que compromete las estrategias de prevención ante el inicio de la temporada invernal,.
Por su parte, desde otros bloques, si bien acompañaron el reclamo, se buscó llevar tranquilidad a los vecinos aclarando que el municipio de Ayacucho cuenta con una cámara de frío con stock de algunas vacunas para cubrir la demanda local por el momento,. No obstante, coincidieron en que cualquier desfinanciamiento nacional termina sobrecargando los recursos municipales.
El estado actual del reclamo
La resolución fue aprobada por mayoría de 12 votos contra 2. El documento será remitido al Ministerio de Salud de la Nación y a ambas cámaras del Congreso para exigir que se garantice la regularidad en el abastecimiento. El cuerpo legislativo local subrayó que la salud pública debe ser un derecho humano fundamental y no una “variable de ajuste” en el actual contexto económico.
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