El gobierno encabezado por Javier Milei se ha propuesto enfrentar a los intendentes, especialmente en el Conurbano bonaerense, quienes cobran tasas municipales a través de facturas de servicios públicos esenciales, como luz y gas, emitidas por empresas privadas. Aunque el tema está judicializado, la administración libertaria pretende imponer sanciones a las compañías que no eliminen estas tasas e impuestos provinciales de las facturas a partir de mediados de octubre.
En este contexto, Emilio Cordonnier, intendente de Ayacucho, conversó con FM 95 sobre la situación. Cordonnier explicó que en Ayacucho solo se cobra el servicio de alumbrado público en la factura de luz, lo cual está autorizado por una ley provincial. Resaltó que el anuncio del gobierno nacional de prohibir estos cobros no tendrá efecto en la provincia de Buenos Aires sin una modificación legislativa por parte de la legislatura provincial. Según el intendente, la resolución del Ministerio de Economía no puede cambiar una ley provincial.
Señaló que el discurso del gobierno nacional tiende a descalificar a los intendentes, sugiriendo que “cobran tasas ilegítimas“, y defendió la legitimidad de las autoridades municipales y provinciales, elegidas por voto popular.
El intendente subrayó que el cobro del alumbrado público mediante la factura de luz es una medida transparente y eficiente para cubrir el costo del servicio. Si se eliminara este cobro, los ciudadanos seguirían teniendo que pagar dicho servicio, solo que mediante una boleta municipal distinta. Cordonnier consideró que la propuesta del gobierno nacional no resolvería problemas, sino que generaría más burocracia e inconvenientes tanto para los municipios como para las empresas prestadoras de servicios.
En cuanto a la tasa municipal que se cobra en Ayacucho, Cordonnier explicó que se trata de una única tasa que abarca diversos servicios, tales como el mantenimiento de espacios públicos, alumbrado y aportes para el centro de monitoreo y la policía local. Aseguró que el nivel de recaudación de esta tasa se ha mantenido estable en torno al 60%, lo cual permite financiar dichos servicios, esenciales para el bienestar de la comunidad.
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