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Una joven fue multada con $4,5 millones por realizar bingos sin autorización municipal

El Juzgado de Faltas de Ayacucho confirmó una sanción contra Emilia Andraca por la realización y comercialización de bingos sin contar con la autorización municipal correspondiente. La resolución fue dictada el 22 de octubre y establece una multa de $4.500.000, además de $5.000 en concepto de gastos administrativos.

De acuerdo con la sentencia, el expediente se inició a partir de un acta de infracción labrada el 31 de agosto de 2026 por el Departamento de Inspección General de la Municipalidad de Ayacucho.

El Juzgado encuadró la conducta en el artículo 99 de la Ordenanza Municipal N.º 3093/98, modificada por la Ordenanza N.º 5110/16. Según consta en la resolución, la normativa contempla como infracción la circulación y/o comercialización de rifas o bonos que impliquen una promesa de remuneración o de premios en dinero o especies sin la autorización o permiso previo exigible.

La resolución señala además que Andraca había sido citada a una audiencia para efectuar su descargo y ofrecer las pruebas que considerara pertinentes, pero no se presentó. Ante esa situación, fue declarada en rebeldía y posteriormente el Juzgado resolvió tener por válida el acta de infracción y condenarla al pago de la multa.

El monto establecido deberá ser abonado a la Municipalidad de Ayacucho dentro de los tres días hábiles posteriores a que la sentencia quede firme o sea consentida, según surge del documento. En caso contrario, se establece el apercibimiento de iniciar el cobro por la vía de apremio.

El descargo de la joven

La sanción tomó estado público luego de que Emilia Andraca difundiera un extenso descargo en redes sociales, donde cuestionó principalmente el monto de la multa y el impacto que la medida tiene sobre la actividad que desarrollaba.

Andraca sostuvo que había intentado previamente obtener autorización municipal para realizar los bingos, pero que, según su versión, no se le habría concedido debido a que no se trataba de una institución. También afirmó que buscó la posibilidad de vincular la actividad con una institución y destinarle un porcentaje de lo recaudado, aunque aseguró que tampoco pudo avanzar por esa vía.

La joven reconoció en su publicación que la actividad no contaba con la autorización municipal requerida, pero cuestionó que la sanción alcanzara los $4,5 millones.

“Estoy laburando. Tanto yo, como 80 personas más”, expresó, al sostener que los bingos representaban una fuente de ingresos para varias personas.

En ese sentido, planteó también si el mismo criterio de control se aplica a otras personas que realizan rifas o bingos virtuales sin autorización.

“¿Me vas a multar solo a mí o a todos los que hacen rifas/bingos virtuales sin autorización del municipio?”, cuestionó.

El planteo generó distintas reacciones en la comunidad. Mientras algunos sectores respaldaron la actuación municipal y remarcaron que este tipo de actividades debe contar con la autorización correspondiente, otros expresaron su apoyo a Andraca y cuestionaron la magnitud de la sanción.

La joven también vinculó su reclamo con otras situaciones que, desde su perspectiva, deberían ser consideradas prioritarias por las autoridades municipales. Entre ellas mencionó una reciente experiencia familiar relacionada con el sistema de salud, aunque ese aspecto formó parte de un planteo más amplio y no constituye el motivo de la sanción.

La documentación oficial establece que la infracción sancionada fue concretamente la realización y/o comercialización de rifas o bonos con premios sin autorización previa. La resolución del Juzgado de Faltas no se refiere a la cuestión de si la actividad constituía o no una fuente de trabajo, sino al incumplimiento de la autorización exigida por la normativa municipal.

De esta manera, el caso abrió un debate en Ayacucho entre el cumplimiento de las normas que regulan este tipo de actividades y el cuestionamiento de la joven respecto del monto de la sanción y de la aplicación de los controles.

Hasta el momento, la postura de Andraca surge de su descargo público, mientras que la sanción y sus fundamentos constan formalmente en la sentencia emitida por el Juzgado de Faltas de Ayacucho.

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