El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial el Decreto 84/2023, mediante el cual establece que no se renovarán los contratos de empleados públicos que hayan sido firmados a partir del 1° de enero de este año.
La medida del Ejecutivo incluye empleados públicos de la administración nacional y organismos descentralizados como AFIP, PAMI y ANSES. Además el Gobierno ordenó un “relevamiento exhaustivo” del personal contratado antes de esa fecha.
El decreto además establece que los contratos a empleados públicos firmados antes del 1° de enero de 2023 se extenderán solo por un plazo de 90 días, es decir hasta el 31 de marzo 2024.
“Las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017 y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023, e iniciadas a partir del 1° de enero de 2023 en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156, no serán renovadas“, señala el decreto.
Y agrega: “En tanto, las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° del Anexo de la Ley 25.164 (que regula el Empleo Público) y del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017, cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1° de enero de 2023, no podrán ser renovadas por un periodo mayor de 90 días corridos”.
Además, se solicita a las autoridades de cada área “un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023” y, “en el caso de que decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”.
En el documento firmado por el presidente, Javier Milei, y el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el Gobierno argumenta que dichas medidas se dan “en el marco de un duro programa de ajuste fiscal y a los fines de lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública”.
Cuáles son las excepciones
Se estima que con la última disposición del Gobierno más de 7.000 trabajadores de la administración pública se quedarán sin empleo; no obstante, la normativa establece algunas excepciones.
“Se exceptúa de la normativa al personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y de manera fundada que su continuidad es n necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.
Además “se exceptúan las derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales; el personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación”, indica el decreto.
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