La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla en relación a los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos llevó a cabo en la provincia de Buenos Aires para las PASO de 2017, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora. El fallo establece que se deben investigar las eventuales responsabilidades personales que puedan corresponder según el Código Electoral Nacional, y se debe sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que correspondieron a los partidos como integrantes de la alianza. Además, se investigará a los eventuales responsables de las numerosas irregularidades detectadas en la campaña.

El caso se conoció por una nota periodística difundida en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían aviones sociales figuraban como donantes de la campaña para las empresas carbonizadas gubernamentales. Se determinó que la información administrativa por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña “no coincidía” con la portada por la Dirección Nacional Electoral. Además, se detectó que el 95% de los aportes privados fueron en efectivo, y cuando los peritos cruzaron datos de los gastos donantes con el Registro Nacional de Electores, los DNI no se correspondían.

El juez Ramos Padilla rechazó la representación de gastos porque Cambiemos “no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral”. Por lo tanto, se pide que se extraigan testimonios para que se investigue penalmente el caso.