No es un pedido administrativo más, sino el eco de una demanda histórica. El pasado 24 de julio de 2025, el Concejo Deliberante aprobó la Resolución Nº 10/25, un documento que traduce en exigencia legal lo que los vecinos denuncian en las calles: el estado crítico de las rampas.
La normativa, dirigida al intendente Emilio Cordonnier, surge ante la evidencia de que la accesibilidad urbana —considerada un derecho humano esencial— no se está garantizando de manera equitativa en el distrito.
Veredas intransitables: el diagnóstico de los vecinos
El relevamiento que impulsó la medida describe una realidad cotidiana de exclusión, que meses después aún sigue sin solución. Según los considerandos de la resolución, se han detectado numerosas esquinas donde las rampas están visiblemente deterioradas, con roturas y pendientes inadecuadas que las vuelven inutilizables.
Lo más grave, denuncian los afectados, es la existencia de puntos clave donde directamente no hay rampas, lo que impide el “desplazamiento autónomo” de usuarios de sillas de ruedas, adultos mayores y personas con cochecitos. Por este motivo, el Artículo 1º de la nueva norma exige tareas inmediatas de reconstrucción, señalización y pintura.
La deuda de los edificios públicos
El reclamo de la comunidad no se limita a las esquinas. La resolución también pone el foco en la deuda de infraestructura del propio Estado local. En su Artículo 2º, solicita que se prevea la construcción de rampas en los ingresos de aquellos edificios públicos municipales que aún no cuenten con ellos, cumpliendo con las leyes nacionales y provinciales de accesibilidad.
Este nuevo impulso busca complementar lo establecido en la Ordenanza 5448/2019, que ya penalizaba a los conductores que obstruían las rampas con multas de entre 15 y 30 Módulos. Sin embargo, para los vecinos, de nada sirve sancionar la obstrucción si la rampa, por su mal estado o inexistencia, ya representa un obstáculo insalvable.
Un cambio de paradigma
Con esta resolución, el Concejo Deliberante reconoce que el adecuado mantenimiento de estas obras no es una opción, sino una obligación para fortalecer la inclusión y el respeto por la diversidad en el espacio urbano.
El estado actual de la ciudad es visto hoy como una barrera que segrega. La expectativa ahora está puesta en el Departamento Ejecutivo, que deberá asignar los recursos necesarios para que las veredas de Ayacucho dejen de ser un territorio hostil para quienes tienen movilidad reducida.
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