La iglesia católica informó que a partir del último día hábil del 2023, dejó de recibir fondos del Estado nacional, dado que concluyó el “proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a los fondos previstos en la ley 21.950”, según informaron.
De esta manera, las autoridades de la iglesia católica dejarán de percibir dichos aportes. La CEA (Conferencia Episcopal Argentina) informó que las renuncias de las autoridades de la congregación se realizaron el último día hábil de diciembre, “conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación”.
El proceso de renuncia de los fondos del Estado, había comenzado en 2018 de manera progresiva, por lo que desde 2020, los arzobispos de la iglesia católica comenzaron a instaurar otros mecanismos para obtener recursos y financiarse.
A razón de ello, presentaron “el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país”, según informó la CEA.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal también sostuvo que “si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el diez (10) por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres”
Además informó que, en una resolución del 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en uso de sus facultades, dio lugar a que los arzobispos y obispos que “hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley”.
De esta manera, a partir del 1° de enero de este año, los arzobispos y obispos dejaron de recibir la asignación del Estado, que hasta la fecha era de $98.000 según informó la CEA.
A qué se debe la renuncia del aporte económico
Cuando se debatió la legalización del aborto en el 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, también se reclamó la separación del Estado de la Iglesia, lo que implicaba el retiro del aporte económico que recibía la congregación. En ese contexto, se inició un proceso para renunciar al aporte y se puso en marcha un plan para su completo autosostenimiento en base a la contribución de sus fieles.
Finalmente, la renuncia al aporte del Estado fue aprobada en un plenario de obispos en 2018 por mayoría, en la que se expresó: “Esta renuncia es un gesto que hemos anunciado al Pueblo de Dios y a la sociedad en general ante los cuáles hemos empeñado la credibilidad de nuestra palabra”.
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