Las amenazas de ataques armados, hasta ahora falsas, que vienen recibiendo las escuelas bonaerenses en las últimas semanas, abrieron un debate sobre cómo hacerles frentes: la Defensoría del Pueblo difundió pautas de prevención para los padres y el gobierno elaboró un protocolo de actuación para los establecimientos educativos, pero desde la oposición piden más presiones sobre las medidas que se adoptaron.
Según consignó DIB en base a datos oficiales, la ola de amenazas ya registra más de mil casos en la provincia, lo que obligó a un importante despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad, pero también al diseño de un plan de urgencia que comunicó la Dirección General de Cultura y Educación. En ese marco, la oposición avanzó con un pedido de informes legislativo para conocer los detalles de esas medidas.
La iniciativa, presentada por el senador de Hechos Marcelo “Chuby” Leguizamón, busca conocer si existe un protocolo específico ante amenazas de violencia extrema en establecimientos educativos, cómo se activa, qué organismos intervienen y qué acciones concretas se implementaron para prevenir riesgos, proteger a estudiantes y docentes, y dar respuesta coordinada entre Educación, Seguridad, Salud y Justicia. Además, solicita información sobre denuncias registradas, sistemas de alerta temprana, capacitaciones, criterios de comunicación con las familias y medidas especiales dispuestas en los distritos más afectados.
“Cuando está en juego la seguridad de la comunidad educativa, no puede haber respuestas improvisadas ni información fragmentada. El Estado debe dar certezas, prevención y protocolos claros”, sostuvo Leguizamón
En los fundamentos de la propuesta se especifica que “apunta a fortalecer la prevención, exigir transparencia y promover una respuesta estatal clara frente a una problemática que genera preocupación social y requiere abordaje urgente”.
En las últimas horas, también desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto sobre esta problemática, pero en este caso para que los padres de los alumnos que sean identificados como autores de amenazas paguen una multa con la que solventar el operativo de seguridad que se haya debido implementar.
Fuente: Agencia DIB.
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