El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debería revocar la medida cautelar que restituyó de manera provisoria la pensión vitalicia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que la decisión desconoce los efectos de la condena firme e inhabilitación dictadas en la causa Vialidad.
El dictamen fue presentado en el marco del recurso impulsado por el Estado nacional contra la resolución de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había permitido restablecer el beneficio previsional.
Los argumentos del procurador
En un escrito de 13 páginas, Casal sostuvo que la Cámara incurrió en una contradicción jurídica al reconocer que la aplicación de la inhabilitación prevista en el Código Penal corresponde al juez de ejecución penal, pero al mismo tiempo disponer una medida cautelar que suspendió la baja de la pensión.
Según el jefe del Ministerio Público Fiscal, esa decisión generó un conflicto de competencias e ignoró las consecuencias jurídicas derivadas de una condena penal firme.
Además, señaló que el tribunal omitió analizar el alcance del artículo 19 del Código Penal, que establece la inhabilitación absoluta y la suspensión del goce de jubilaciones, retiros o pensiones civiles para determinadas condenas.
Cómo comenzó la controversia
La situación se originó en noviembre de 2024, cuando la ANSES resolvió dar de baja tanto la asignación presidencial como la pensión vitalicia de Cristina Fernández de Kirchner tras quedar firme su condena en la causa Vialidad.
Posteriormente, la exmandataria presentó una demanda para solicitar la nulidad de esa resolución administrativa, argumentando el carácter alimentario de las prestaciones.
En febrero de este año, la Justicia hizo lugar de manera provisoria a una medida cautelar que restituyó el beneficio mientras continúa el proceso judicial.
La decisión final quedará en manos de la Corte
Luego de que la Cámara rechazara los planteos del Estado, la ANSES presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Con el dictamen de la Procuración ya incorporado al expediente —que no es vinculante—, el máximo tribunal quedó en condiciones de resolver si mantiene o revoca la restitución provisoria de la pensión vitalicia de la expresidenta.
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