La Comisión Provincial por la Memoria denunció que el lunes pasado, alrededor de las 4.30 y de manera intempestiva, agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense irrumpieron en el pabellón de diversidad de la Unidad Penal 2 de Sierra Chica. Allí arrastraron semidesnudas a al menos 45 personas hacia las celdas de aislamiento; varias de ellas fueron golpeadas.
“Quedaron incomunicadas sin sus teléfonos ni otra comunicación con sus familiares o abogados defensores, pasando hambre y frío durante varios días, sin que les entreguen la medicación a quienes realizan diferentes tratamientos de salud”, se resaltó en la denuncia publicada por la agencia Andar, y citada por Verte.
Como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión (CPM) presentó un hábeas corpus para exigir el cese inmediato de la violencia contra el colectivo LGTB alojado en esa unidad. Según se informó, algunas personas seguían aisladas, y la referente del pabellón había sido trasladada a otra cárcel.
El recurso judicial presentado por la CPM advierte que el aislamiento se aplicó de manera colectiva como una sanción general, algo expresamente prohibido. En el texto se detalló que “las personas fueron sacadas del pabellón semidesnudas y de manera violenta, e incluso fueron despojadas de sus teléfonos celulares. Varias de ellas padecieron golpes y empujones”.
También se denunció que “durante el tiempo de permanencia en buzones, no recibieron medicación y la imposibilidad de comunicarse con el exterior generó una profunda angustia en sus referentes afectivos”. En una entrevista con el equipo de la CPM, la referente del pabellón relató: “Me sacaron capeada (sin sus pertenencias), casi desnuda. Me sacaron corriendo entre la lluvia, el barro, me pegaron, no entiendo por qué, la verdad no entiendo por qué”.
Las personas que luego fueron devueltas al pabellón tras varios días en los buzones no recibieron ninguna notificación formal sobre el motivo de la sanción. Según se detalló, seguían en condiciones extremas de aislamiento junto al resto de sus compañeres.
En el hábeas corpus colectivo, la Comisión subrayó que “el resto de las personas alojadas en el pabellón fueron expuestas al aislamiento de convivencia sin que se les notificara sanción alguna, con carácter colectivo, sin conocer los cargos que fundaron tal decisión, y por tanto imposibilitadas de formular descargos o ensayar defensa alguna. Esto último viola rotundamente el principio de legalidad en la ejecución de la Peña despojando a las personas de su derecho de defensa”.
El recurso quedó radicado en el Juzgado de Ejecución N° 2 de Azul, con asiento en Alvear, a cargo de la jueza Adriana Bianco, quien ordenó medidas de prueba y fijó audiencia para el lunes, siempre según Verte. (DIB) GML