Tras el crimen de una nena de 7 años durante un robo en La Plata, y luego de que se conociera que los dos sospechosos detenidos son menores de 14 y 17 años, el Gobierno nacional ratificó que impulsará una baja en la edad de imputabilidad.
“Es una aberración más por parte de asesinos que no pueden seguir conviviendo en sociedad matando gente”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni sobre el hecho que le costó la vida a Kim Gómez.
Las declaraciones llegan tras la revelación, a través de fuentes policiales y judiciales, de que los acusados del crimen tienen 17 y 14 años. El primero de ellos había sido demorado recientemente por otro robo automotor, aunque la fiscalía a cargo dispuso su inmediata liberación por tratarse efectivamente de un menor.
“Es un tema en agenda. (Patricia, ministra de Seguridad de la Nación) Bullrich lo dijo. Lo vamos a trabajar”, agregó Adorni.
A fines de junio del año pasado, Bullrich y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmaron el envío de un proyecto de ley al Congreso para bajar la edad de imputabilidad desde los 16 a los 13 años. En los meses siguientes, el tratamiento de la iniciativa se vio postergado en la agenda parlamentaria.
El denominado proyecto de “Régimen Penal Juvenil” establece una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo a los delitos. Según se informó, la síntesis de la iniciativa señala que las edades de los menores punibles irían de “adolescentes de entre 13 y 18 años”.
Además, detalla que los chicos de esas edades que delinquen pueden ser privados de su libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”. Los padres de los mismos deben ser comunicados sobre la imputación y los actos procesales.
Por otro lado, el proyecto señala que si se impone condena condicional, se tendrán que aplicar medidas complementarias, como “asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.
Asimismo, señala que las penas serían de 3 a 6 años de prisión “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas”.
Según el texto que trascendió, “en los casos de menores no imputables (quienes tienen menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas”. (DIB)
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