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El bloque de Unión por la Patria pidió detalles del pago millonario por el juicio de usucapión contra el Municipio de Ayacucho
El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de comunicación para exigir al Departamento Ejecutivo de Ayacucho información completa sobre el monto total que deberá afrontar la comuna por el juicio “Caimi, Héctor Alberto c/ Municipalidad de Ayacucho s/ Prescripción Administrativa Vicenal / Usucapión”, cuya sentencia fue desfavorable para el Municipio.
La iniciativa surge tras recordarse que uno de los compromisos del Presupuesto Municipal 2025 fue destinar una partida específica para cumplir con el fallo judicial. El litigio, iniciado en 2013 por Héctor Alberto Caimi, involucra 111 hectáreas ubicadas en la zona de Udaquiola, cuyo dominio fue ratificado en 2020 por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Dolores, expediente N° 65.243.
La Justicia determinó que Caimi ocupó, usufructuó y mantuvo de manera continua el predio entre 1980 y 2000, cumpliendo con el plazo de 20 años requerido para la usucapión. De esta forma, el fallo confirmó su titularidad, obligando al Municipio a afrontar una importante erogación económica.
El intendente Emilio Cordonnier había reconocido oportunamente que el pago estimado rondaría los 200 millones de pesos, cifra que corresponde solo al monto principal de la sentencia. Sin embargo, tras la regulación de honorarios profesionales y pericias de las distintas etapas judiciales, el total a pagar se habría incrementado, motivo por el cual el Concejo Deliberante solicita precisiones.
El proyecto requiere que el Ejecutivo informe por escrito:
- El monto total adeudado por el fallo judicial.
- El total de honorarios profesionales derivados del proceso.
- El detalle de los pagos a peritos intervinientes.
- La existencia de algún plan de pago, modalidad y plazos acordados.
- La partida presupuestaria específica destinada a cancelar la deuda judicial.
La propuesta, elevada por Unión por la Patria, busca que el Concejo acceda a la documentación completa antes de avanzar en cualquier análisis sobre el impacto financiero que implicará para las arcas municipales.
