La política local como espejo del país: tensión, desinterés institucional y violencia verbal en el Concejo Deliberante de Ayacucho

La más reciente sesión del Honorable Concejo Deliberante de Ayacucho dejó expuesta una preocupante escena política que excede los límites del recinto y refleja con crudeza las tensiones que dominan el panorama nacional. Lo que comenzó como un debate ordinario por la rendición de cuentas terminó derivando en un fuerte cruce verbal entre los concejales Pablo Aguiar (Unión por la Patria) y Fernando Imaz (UCR), con acusaciones personales, señalamientos cruzados y un clima de hostilidad que se trasladó incluso a la vía pública.

Lo sucedido no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que, lentamente pero con constancia, se ha ido instalando en el ámbito legislativo local: desinterés, gestos de desprecio, uso constante de teléfonos celulares mientras un edil tiene la palabra, risas y comentarios irónicos desde las bancas, indiferencia frente a las exposiciones ajenas y, más recientemente, insultos fuera del ámbito. En definitiva, un deterioro evidente del trato parlamentario y del respeto institucional.

Este tipo de actitudes no solo vulnera la dinámica del debate democrático, sino que también refleja un nivel de banalización del rol público que genera un fuerte malestar entre vecinos y vecinas. Muchos ciudadanos expresan con claridad en la calle su descontento con los concejales, cuestionando su compromiso y preguntándose, con frecuencia, cuál es la función real que cumplen: “No se entiende para qué están, si lo único que hacen es pelearse o hablar cosas sin sentido”, es una frase que se repite en diversos ámbitos sociales.

La escena política local, en ese sentido, no está exenta del clima general de polarización y agresividad que atraviesa a la Argentina. Tal como lo hace el presidente Javier Milei en sus intervenciones públicas, con calificativos despectivos hacia la oposición, periodistas y dirigentes sociales, también algunos actores de la política municipal parecen replicar ese tono confrontativo y despectivo, olvidando que representan instituciones y que su conducta tiene consecuencias.

El problema no radica solamente en los episodios de violencia verbal en sí, sino en la naturalización de estas prácticas. Cuando el agravio se convierte en norma, y el debate deja de ser un espacio de construcción para transformarse en una pulseada de egos, se corre el riesgo de deslegitimar por completo la política como herramienta de transformación social. Lo más alarmante es que ese clima parece haberse instalado sin resistencia, en un contexto donde la falta de formación cívica y el desconocimiento generalizado sobre las funciones del poder legislativo abonan el terreno para el descreimiento y la apatía ciudadana.

En paralelo, muchos medios de comunicación locales —con excepciones— optan por no cubrir ni analizar a fondo lo que ocurre en el Concejo Deliberante, aduciendo horarios poco accesibles para la transmisión en vivo o la escasa repercusión de las sesiones. Esa omisión informativa, consciente o no, también es parte del problema, ya que limita el acceso ciudadano a la información pública y contribuye a la desinformación sobre decisiones clave.

Es urgente un llamado a la reflexión. La violencia institucional —ya sea física o verbal— debe ser rechazada de manera firme y sistemática. Pero ese repudio no puede ser selectivo. No puede ocurrir solamente cuando se ve afectado un espacio político determinado. La condena debe ser unánime y transversal, sin importar si los agravios provienen del oficialismo o la oposición. La defensa de la democracia exige coherencia, responsabilidad y ejemplaridad.

Del mismo modo, es fundamental que los concejales —más allá de su pertenencia partidaria— comprendan el rol que ocupan y actúen en consecuencia. Su conducta no solo impacta en el presente legislativo, sino que también moldea la relación entre la ciudadanía y sus representantes.

La sociedad ayacuchense, que observa, escucha y opina, merece ser tenida en cuenta. Lo que se dice en la calle no puede seguir siendo ignorado por quienes ocupan cargos públicos. La distancia entre la política y la gente se agranda cada vez que el diálogo se reemplaza por el grito, que el respeto cede ante la burla y que el interés colectivo es desplazado por las disputas personales.