Ingresar sin permiso a un campo podría convertirse en delito: impulsan un proyecto de ley
Un proyecto de ley que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados propone incorporar nuevas figuras al Código Penal para sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y endurecer las penas para quienes provoquen daños que afecten directamente a la producción agropecuaria.
La iniciativa plantea incorporar el artículo 150 bis, que establecería penas de uno a doce meses de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de la persona que tenga derecho a excluirlo.
Según la propuesta, esa voluntad se considerará presumida cuando el predio se encuentre protegido mediante alambrados, cercos, tranqueras, muros, vallas o carteles que indiquen la prohibición de ingreso.
El proyecto contempla excepciones para situaciones de necesidad o auxilio, así como aquellos casos en los que no pueda determinarse con claridad dónde termina el establecimiento rural y comienza la vía pública.
Penas más duras por daños a la producción
La iniciativa también propone incorporar el artículo 184 bis, destinado a sancionar los daños contra bienes considerados esenciales para la actividad agropecuaria.
En estos casos, se prevén penas de dos a ocho años de prisión, además de multas, cuando se destruyan o deterioren elementos como cultivos, silobolsas, ganado, leña o instalaciones vinculadas con la provisión de energía y la extracción de agua.
A su vez, el proyecto establece que la pena mínima podría duplicarse cuando el responsable sea un funcionario público o una persona vinculada habitualmente con la actividad agropecuaria.
También apuntan a la instigación en redes sociales
Otro de los puntos de la iniciativa propone modificar el artículo 209 del Código Penal para aumentar en un tercio la pena correspondiente a la instigación pública a cometer delitos cuando esta se realice mediante medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales.
El proyecto comenzó ahora su recorrido parlamentario y todavía debe atravesar el debate en el Congreso. Para convertirse en ley, deberá ser aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.
De avanzar, la iniciativa incorporaría nuevas herramientas penales para proteger establecimientos rurales, bienes productivos e infraestructura vinculada con la actividad agropecuaria.
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