El caso de Villa Gesell reabrió el debate sobre la protección de niños que denuncian violencia familiar
El testimonio de un adolescente que aseguró haber pedido reiteradamente salir de un entorno familiar violento volvió a poner bajo análisis el funcionamiento de los organismos de protección de la infancia y el rol de la Justicia ante las denuncias realizadas por menores.
El caso ocurrido en Villa Gesell, que tiene como uno de sus ejes la muerte de una pequeña y la detención de su madre, Lucía Sosa, abrió un debate que trasciende la investigación judicial: qué sucede cuando un niño o adolescente advierte que sufre violencia dentro de su propia familia y pide ayuda.
Uno de los testimonios que generó mayor repercusión fue el de Lucas, de 17 años e hijo de Sosa, quien aseguró que durante años intentó salir del entorno familiar en el que vivía.
Según relató públicamente, había pedido no regresar a la vivienda y atravesó distintos procesos de revinculación pese a manifestar situaciones de violencia.
¿Qué mecanismos existen para proteger a un menor?
Especialistas en derecho de familia y niñez explicaron que, ante situaciones donde existen indicios de violencia o vulneración de derechos, pueden intervenir los servicios locales de protección de niños, niñas y adolescentes.
Estos organismos tienen la posibilidad de adoptar medidas destinadas a resguardar al menor cuando consideran que su integridad puede encontrarse en riesgo.
Entre las herramientas disponibles se encuentra la denominada medida de abrigo, una decisión provisoria mediante la cual un niño puede ser separado temporalmente de su entorno familiar mientras se analiza su situación.
Estas medidas pueden extenderse hasta 180 días. Durante ese período se trabaja sobre las condiciones familiares y, cuando el regreso al hogar no resulta posible, se evalúan alternativas con familiares o referentes afectivos. La institucionalización aparece como una instancia posterior.
Cuando la palabra del chico no alcanza
Uno de los principales cuestionamientos surgidos a partir del caso está relacionado con la importancia que reciben los testimonios de los propios menores.
Especialistas consultados por TN señalaron que todavía pueden existir obstáculos desde el momento mismo en que un chico intenta comunicar una situación de violencia.
En algunos casos, adolescentes que buscan realizar una denuncia pueden encontrarse con exigencias como presentarse acompañados por un adulto. La situación se vuelve especialmente compleja cuando las personas denunciadas son precisamente sus padres o responsables.
También se advierte sobre una mirada excesivamente centrada en las decisiones de los adultos, que puede provocar que determinadas señales o testimonios de los menores no reciban inicialmente la dimensión necesaria.
La violencia no siempre se expresa verbalmente
Otro punto destacado por profesionales especializados en infancia es que los niños no necesariamente cuentan de manera directa lo que están atravesando.
Situaciones de violencia física, psicológica o abuso pueden aparecer inicialmente a través de cambios de comportamiento, dibujos, juegos, relatos o diferentes formas de expresión.
Por ese motivo, los especialistas remarcan la importancia de contar con profesionales capacitados para identificar esas señales y activar los mecanismos de protección correspondientes.
Casi 10 mil chicos fueron separados de sus familias
El problema también aparece reflejado en las estadísticas nacionales.
El último Relevamiento Nacional sobre Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales registró 9.754 menores que fueron separados de sus familias mediante medidas excepcionales de protección.
De ese total, el 88% se encuentra en hogares o residencias y el 12% dentro de programas de cuidado familiar.
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, con 3.857 niños y adolescentes alcanzados por este tipo de medidas.
A su vez, organismos internacionales vienen alertando sobre la dimensión de la violencia durante la infancia: más de seis de cada diez chicos de entre 0 y 14 años en América Latina y el Caribe atraviesan alguna forma de disciplina violenta, que puede incluir castigos físicos o agresiones psicológicas por parte de sus cuidadores.
Un debate que vuelve a quedar expuesto
El episodio de Villa Gesell volvió así a plantear un interrogante central para los organismos estatales y el sistema judicial: hasta qué punto se escucha y se tiene en cuenta la palabra de un niño cuando manifiesta que no quiere regresar a un determinado entorno familiar.
El derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados forma parte del sistema de protección vigente. Sin embargo, el caso volvió a poner el foco sobre las dificultades que pueden surgir en su aplicación y sobre las consecuencias que pueden tener las demoras cuando existen situaciones de violencia
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