Un año atrás los argentinos debieron modificar radicalmente sus costumbres y sus medios de vida a partir de la irrupción en el mundo del coronavirus, que obligó al presidente Alberto Fernández a implementar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). El anuncio llegó apenas ocho días después de que la Organización Mundial de la Salud confirmara que se trataba de una pandemia.
Por primera vez, y a pesar de cualquier diferencia, los medios gráficos y electrónicos de todo el país publicaron una misma tapa: “Al virus lo frenamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad“.
Desde Asia y Europa llegaban imágenes e historias aterradoras y desesperantes: hospitales del primer mundo colapsados, ciudades cerradas, familias completas enfermas y devastadas por el duelo de uno -o varios- seres queridos, morgues sin espacio, cadáveres que debían esperar en sus propias casas durante varios días antes de poder ser enterrados, con un sistema sanitario incapaz de manejar la cantidad de casos de covid-19 que lo desbordaba.
La crisis económica global también tuvo su capítulo argentino y el Gobierno salió a atender la situación de los sectores vulnerables y del área de la economía más golpeada, como la gastronomía, el turismo y las actividades culturales.
Pocos días después del anuncio del aislamiento obligatorio, el 23 de marzo de 2020 la gestión del Presidente anunciaba la puesta en marcha del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una suma fija de 10 mil pesos mensuales para los más afectados por las consecuencias del freno en la actividad económica.
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