En la madrugada del pasado sábado, una operación militar limitada liderada por la Fuerza Delta de Estados Unidos, asistida por la CIA y con bombardeos sobre la estructura militar en los alrededores de Caracas, culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Celia Flores. La información fue difundida por el propio Donald Trump, quien aseguró que el mandatario venezolano se encuentra detenido en el USS Iwo Jima, uno de los buques del masivo despliegue estadounidense en el Caribe en los últimos meses.
Este hecho representa un hecho sin precedentes en América Latina, dado que es la primera vez que un jefe de Estado es removido por la fuerza en la región en tiempos recientes, planteando incertidumbre sobre la estabilidad política y social en Venezuela.
Trump agregó que Estados Unidos dirigirá Venezuela tras la captura de Maduro, lo que genera un escenario de ocupación potencial sin antecedentes comparables en la región. A diferencia de Irak o Afganistán, Venezuela cuenta con un control total del Partido Socialista Unido y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que hace logísticamente complejo un gobierno directo por parte de Washington.
La rapidez del operativo, ejecutado en menos de tres horas y sin víctimas estadounidenses, ha despertado sospechas sobre la posible colaboración de sectores internos del régimen venezolano. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, actualmente presidenta en funciones, se expresó públicamente en contra de la captura, pidiendo pruebas de vida de Maduro. Sin embargo, analistas señalan que el silencio de figuras clave como Jorge Rodríguez y ciertos sectores militares podría indicar un cambio de lealtades que favoreció la operación.
Entre los actores más relevantes se encuentran Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, quienes podrían inclinar la balanza de poder, aunque la opacidad de la estructura militar venezolana y la amenaza de la fuerza hacen impredecible cualquier escenario futuro. Por ahora, todo indica que la influencia estadounidense jugará un rol determinante en la reorganización política del país.
La operación también refleja la estrategia geopolítica estadounidense en el Hemisferio Occidental, basada en la Doctrina Monroe y en la consolidación del poder regional a través de medidas militares, diplomáticas y económicas. En los últimos meses, Washington ya había presionado a países como Panamá, Canadá, México, Brasil y Honduras, evidenciando una política exterior fuertemente intervencionista y partidista.
Expertos en relaciones internacionales consideran que la detención de un jefe de Estado y la intención declarada de controlar Venezuela representan un golpe directo a la soberanía del país y a los principios de resolución pacífica de conflictos internacionales. Este hecho podría marcar un antes y un después en la geopolítica regional, con impactos aún difíciles de prever tanto para Venezuela como para América Latina.
Trump y la Casa Blanca han justificado la operación señalando que la captura responde a acusaciones de narcotráfico internacional, lavado de dinero y corrupción, con Maduro catalogado como un supuesto “narcoterrorista” que debe ser llevado ante la justicia estadounidense. Sin embargo, estas afirmaciones presentan problemas evidentes: según la DEA, Venezuela no es un centro relevante del narcotráfico internacional ni está implicada en la distribución de fentanilo, actualmente la principal emergencia de drogas para EE. UU. La existencia del denominado Cartel de los Soles nunca ha sido probada, y el involucramiento de miembros del gobierno con el narcotráfico aparece solo en los márgenes de la élite dirigente y no como una actividad sistemática.
Asimismo, la idea de que Maduro es responsable de la migración masiva hacia Estados Unidos es cierta parcialmente, pero no en los términos de “invasión” que ha usado Trump. La migración es consecuencia de decisiones y políticas del gobierno venezolano, que llevaron a que cerca del 20% de la población abandonara el país, principalmente hacia Estados Unidos, España y otros países de la región, convirtiéndose en un factor político regional significativo.
La sugerencia de Trump de que Estados Unidos controlará la política y el petróleo venezolano evidencia aún más la debilidad de los argumentos legales y éticos esgrimidos. Si el Congreso estadounidense hubiera intervenido, se habría cuestionado la legalidad constitucional del uso de la fuerza, ya que a diferencia de Irak o Afganistán, no existe autorización legislativa para la intervención militar en Venezuela.
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