El bloque Acuerdo Cívico realizará este jueves a las 20 una charla abierta en el comité ubicado en calle San Espeña esquina Rivadavia, donde la abogada Florencia Eguilor será la encargada de disertar sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil y el debate por la baja de la edad de imputabilidad.
La actividad es abierta a toda la comunidad y propone analizar el proyecto desde una mirada restaurativa, poniendo el foco no sólo en la seguridad, sino también en la resocialización y la prevención. La iniciativa surge de jóvenes del espacio político, que buscan generar un intercambio profundo sobre un tema que hoy ocupa la agenda nacional.
Durante el encuentro se abordarán datos concretos vinculados a la situación en la provincia de Buenos Aires y al impacto real del régimen vigente. En territorio bonaerense hay actualmente 77 menores de 18 años con medidas de seguridad. Además, sólo el 2,8% de las personas que ingresaron a cárceles provinciales entre 2015 y 2023 había pasado previamente por el Régimen Penal Juvenil.
Eguilor planteará que el debate público estuvo centrado casi exclusivamente en la edad de punibilidad —si debe comenzar a los 13, 14 o 16 años—, pero que el problema es más complejo y atraviesa situaciones de vulnerabilidad, exclusión social, consumos problemáticos y falta de políticas públicas eficaces.
Un informe de UNICEF sostiene que no existe evidencia concluyente de que bajar la edad de imputabilidad reduzca los niveles de inseguridad. En América Latina, los países con mayores tasas de homicidios suelen tener edades mínimas de responsabilidad penal más bajas.
En Argentina, el régimen actual está regulado por la Ley 22.278, dictada durante el último gobierno militar, que establece criterios de imputación y medidas aplicables a menores, mientras que las penas y tipificaciones están contempladas en el Código Penal, al igual que para adultos. Desde el espacio consideran que una reforma es necesaria, pero advierten que requiere un debate serio y no apresurado.
También se planteará la necesidad de garantizar estándares internacionales en materia de derechos humanos, atención médica adecuada durante la privación de libertad y programas de capacitación para el personal penitenciario. El eje, aseguran, debe estar puesto en la prevención, la reparación del daño y la reintegración social.
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