Funcionarios de la vicepresidenta de la Nación y exmandataria, Cristina Kirchner, se encuentran actualmente procesados por presunta malversación de fondos en perjuicio del Estado por más de dos millones de dólares. El delito ocurría al momento de presentar las facturas de hoteles y viáticos que se utilizaban en las giras presidenciales, siendo que los implicados adulteraban las facturas.
El segundo denunciado y procesado es el funcionario Gustavo Oscar Navarro, quien también trabajó para Cristina Kirchner, pero esta vez como empleado administrativo de planta de la Dirección General de Ceremonial de Presidencia de la Nación, empleo que tuvo hasta el 2021 cuando fue desplazado por denuncias de malos tratos.
La estrategia tanto de Periotti como de Navarro fue básicamente delegar la responsabilidad de sus delitos a Atilio López, quien hasta ahora es considerado como cómplice en lo denunciado. La denuncia preliminar la llevó a cabo el fiscal Guillermo Marijuán al comienzo de la gestión de Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza.
De acuerdo al modus operandi, luego de ser firmado y publicado el Decreto del Ejecutivo o la resolución pertinente a un viaje oficial al exterior de la expresidenta junto con su comitiva, los implicados redactaban una Solicitud de Liquidación de Gastos Eventuales, donde incrementaban los precios estimados de gastos inesperados, adulterando facturas incluso por servicios que la exmandataria no recibía.
Condena a la vicepresidenta
El día seis de diciembre, la vicepresidenta de la Nación, fue condenada por el Tribunal Federal Oral 2 a la pena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Ambas condenas todavía no son firmes, por lo que Cristina Kirchner está en libertad y en caso de desearlo, podría participar de los comicios del corriente año.
La condena fue por la Causa Vialidad, donde se presume que la exmandataria desvió fondos de la provincia de Santa Cruz en benefició de la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez, haciendo que este último gane todas las licitaciones de obras, y así, perjudicando al Estado al evitar la participación de competidores.
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