Vanessa Gómez Cuevas tiene 33 años y fue expulsada este lunes del país. Es mamá de tres hijos argentinos: una de 14, un nene de 5 y un bebé de dos años. Como el más chiquito todavía es lactante, la Justicia resolvió que la mujer sea expulsada con él, a pesar de ser un ciudadano argentino.
La Ley de Migraciones, la Constitución Nacional y de la Convención sobre los Derechos del Niño contemplan la reunificación familiar por sobre todo en estos casos. A la Justicia no le importó que sus otros dos hijos, menores de edad, hayan quedado sin su madre y el chico más pequeño haya sido expulsado de su propio país.
La historia de Vanessa comienza en el 2011 cuando ingresa al país y la detienen en el ingreso a Ezeiza. Ella ya había estado en el país antes de ser detenida (su hija más grande es argentina), pero ese año fue contratada por una banda de narcotraficante como “mula” para ingresar estupefacientes al país. La mujer peruana de 33 años cumplió una condena de cuatro años de prisión en el Penal de Ezeiza de Mujeres.
En el 2014, Vanessa quedó en libertad y comenzó a rehacer su vida en el país. No sólo tuvo otros dos hijos sino que además estudió la tecnicatura en enfermería y empezó a trabajar como enfermera. En 2015, cuando pidió renovar su residencia, la Dirección Nacional de Migraciones que depende del Ministerio de Interior le informó que como tuvo una condena en el país alcanza para que el Estado comience su proceso de expulsión. En ese momento, Vanessa se acercó a la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación para que la asesoraran y defendieran ante esta situación.
Sin embargo, tiempo antes de que se llegue a una resolución, la mujer desistió de su defensa y se quedó sin abogado. El Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal Nº5 a cargo de la jueza María Alejandra Biotti no le asignó una defensa oficial. Como se quedó sin defensa, la mujer no recusó la decisión de expulsara por lo que la deportación quedó firme.
Dos años después, desde la Justicia enviaron una notificación sobre la expulsión a una vivienda en la que ya no vivía. Ella nunca se enteró y desde el juzgado nunca intentaron contactarla a pesar de tener su teléfono y su correo electrónico.
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