El Gobierno pagará con bonos la deuda por obra pública y concentrará los vencimientos en 2027
El Gobierno nacional habilitó la entrega de letras y bonos del Tesoro por hasta $221.119 millones para cancelar deudas vinculadas con obras públicas. La medida alcanza obligaciones acumuladas entre 2022 y 2025 y hará que buena parte de los pagos se concentre durante 2027.
Una deuda de más de $221.000 millones
El Ministerio de Economía formalizó el mecanismo mediante la Resolución Conjunta 59/2026, que amplía la emisión de tres instrumentos financieros destinados a cancelar obligaciones con empresas contratistas.
El esquema comprende certificados de obra, acopio de materiales y ajustes de precios correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. También incluye determinadas obligaciones derivadas de contratos de obra pública extinguidos desde 2024.
La adhesión de las empresas al régimen es voluntaria.
¿Cuándo se pagarían los bonos?
La operación se divide en tres instrumentos:
- 33%: vencimiento el 30 de octubre de 2026.
- 33%: vencimiento el 15 de enero de 2027.
- 34%: vencimiento el 30 de abril de 2027.
De esta manera, aproximadamente el 67% de la operación quedará concentrado en vencimientos durante 2027.
Los títulos son capitalizables en pesos, por lo que los intereses se acumulan al capital y se pagan al momento del vencimiento.
¿Por qué el Gobierno utiliza bonos?
La decisión permite al Estado evitar el desembolso inmediato de efectivo y transformar las obligaciones con las empresas en deuda instrumentada mediante títulos del Tesoro.
El Gobierno había reconocido que no contaba con créditos presupuestarios suficientes para afrontar todas las deudas relevadas y vinculó el esquema con su objetivo de mantener el orden de las cuentas públicas y limitar el gasto.
La operación será registrada como una aplicación financiera, por fuera del cálculo del resultado financiero mensual, debido a las características de los títulos utilizados.
Qué implica para las empresas constructoras
Las empresas que adhieran recibirán los títulos en lugar del pago en efectivo. A partir de allí podrán conservarlos hasta su vencimiento o venderlos en el mercado para obtener liquidez.
Sin embargo, el valor al que puedan venderlos puede diferir del monto de la deuda reconocida, dependiendo de la cotización de los bonos en ese momento.
Además, la adhesión al régimen implica desistir de determinados reclamos administrativos y judiciales relacionados con las obligaciones alcanzadas.
Fuente: La Nación.
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