La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este jueves el archivo por inexistencia de delito de parte de la investigación por la que está imputado el exministro de Salud Ginés González García y que apunta a determinar si se infringió la ley al promover o permitir que unas 70 personas recibieran un trato especial al recibir la vacuna contra el coronavirus.
De los 70 casos iniciales de personas que fueron vacunadas contra el COVID-19, 65 fueron inicialmente descartados como delitos.
Se trata de casos “prioritarios” (mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégicos y personas de 18 a 59 con enfermedades previas), sobre las cuales “no existía ni existe un orden normativo de prelación“, pues el Ministerio de Salud “expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea”.
Del archivo parcial se desprende que “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación”, aunque sí podría acarrear a los implicados “sanciones de orden administrativo” de acuerdo con lo que establece la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública.
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