Marcela Guisande cuestionó la falta de aplicación de la ordenanza sobre fumigaciones en Ayacucho

La concejal de Fuerza Patria advirtió que la normativa aprobada en 2020 nunca tuvo una autoridad de aplicación ni un sistema de control efectivo. Sus declaraciones se dieron tras las denuncias por fumigaciones en cercanías de la Escuela de Boquerón.

La concejal de Fuerza Patria de Ayacucho, Marcela Guisande, cuestionó la falta de aplicación efectiva de la ordenanza que regula el uso de productos fitosanitarios en el distrito y reclamó al Ejecutivo Municipal la puesta en funcionamiento de los mecanismos de control previstos por la normativa.

En diálogo con FM 95, Guisande se refirió a las situaciones denunciadas en las últimas horas en la zona rural, particularmente a lo ocurrido en inmediaciones de la Escuela de Boquerón, donde se produjo una suspensión de clases y posteriormente se realizó una nueva denuncia por una presunta fumigación mediante drones.

“La ordenanza nunca tuvo autoridad de aplicación”

La edil recordó que fue parte del proceso de elaboración de la Ordenanza 5528, aprobada en 2020, y sostuvo que la normativa surgió a partir del trabajo conjunto con instituciones vinculadas al sector agropecuario y ambiental.

Según explicó, la ordenanza establece zonas de exclusión y amortiguamiento, además de un sistema de registro de las aplicaciones. En ese esquema, los aplicadores deberían registrar las recetas emitidas por los ingenieros agrónomos, los productos utilizados, el lugar de aplicación y las condiciones climáticas.

Sin embargo, Guisande aseguró que ese mecanismo “nunca se efectivizó” y que tampoco se conformó una autoridad de aplicación encargada de controlar el cumplimiento de la normativa.

“No hay organismo de control”, sostuvo la concejal durante la entrevista, y cuestionó que una ordenanza aprobada y publicada oficialmente termine funcionando, según planteó, solamente como una herramienta escrita sin aplicación concreta.

Reclamo por un sistema de denuncias y controles

Otro de los puntos señalados por Guisande fue la falta de una línea directa para realizar denuncias ante situaciones de fumigación que puedan representar un riesgo.

La concejal explicó que uno de los objetivos de la ordenanza era que los controles pudieran realizarse dentro del propio municipio, evitando que ante cada situación los vecinos deban recurrir directamente a organismos provinciales.

En relación con los hechos recientes, señaló que la Jefatura Distrital realizó una denuncia ante el CPR por la situación registrada en la Escuela de Boquerón y que posteriormente se habría labrado una infracción tras una nueva denuncia.

Una ordenanza que también regula el transporte y los envases

Guisande remarcó que la normativa no se limita a establecer distancias respecto de las escuelas y zonas urbanas. También contempla aspectos vinculados al traslado de las máquinas aplicadoras, la carga de agua, el manejo de los envases de fitosanitarios y las condiciones necesarias para realizar las aplicaciones.

En ese sentido, explicó que la ordenanza establece procedimientos para el tratamiento de los envases, incluyendo el triple lavado y su disposición final, además de restricciones para determinadas prácticas.

“Todo eso tampoco está, nadie controla nada”, afirmó la concejal al referirse a la falta de funcionamiento de los mecanismos previstos.

“Desbordes va a haber y va a seguir habiendo”

Para Guisande, el problema central no radica solamente en modificar o actualizar la ordenanza, sino en garantizar que exista una estructura municipal capaz de hacerla cumplir.

La concejal consideró que la Secretaría de Producción debería ser la autoridad natural para llevar adelante el control y sostuvo que debería existir un equipo encargado específicamente de esta tarea.

También señaló que la normativa fue sancionada en 2020 y que hubo tiempo suficiente para establecer los mecanismos necesarios para su implementación.

“Al no conformarse y no cumplir con la ordenanza, hoy no hay una autoridad de aplicación que determine y controle esta situación. Por lo tanto, desbordes va a haber y va a seguir habiendo”, expresó.

Pedido de intervención al Ejecutivo

La concejal también cuestionó que ante situaciones como las denunciadas se derive el reclamo directamente al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia.

“Para eso el Estado, en este caso, responsabilidad del Ejecutivo Municipal, es aplicar la ordenanza”, sostuvo Guisande.

Finalmente, adelantó que desde el bloque de Fuerza Patria continuarán trabajando sobre el tema junto al Ministerio de Desarrollo Agrario y que buscarán avanzar “hasta las últimas consecuencias” si corresponde.

El debate vuelve a poner el foco sobre el cumplimiento de la normativa vigente en Ayacucho y, particularmente, sobre los mecanismos de prevención y control frente a aplicaciones de productos fitosanitarios en cercanías de establecimientos educativos rurales.